LA LEY PINEDO ES VIOLATORIA DEL DERECHO DE AUTOR. Entrevistamos al Dr. Gerardo Filipelli asesor de la Cámara del Libro.

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La inminente sanción de la denominada Ley Pinedo pone en jaque los derechos intelectuales consagrados hace casi un siglo, para favorecer a los Proveedores de Internet como Google.

 

Por Roberto Famá Hernández

El próximo miércoles 29 de noviembre tendrá tratamiento en la Cámara de Diputados el proyecto de ley, promovido por el oficialista senador Federico Pinedo que alienta el negocio ilegal de publicaciones piratas en Internet favoreciendo a las empresas proveedora de internet (PSI) como Google. El negocio ilegal de contenidos piratas es puesto a resguardo por esta ley, que exime a las plataformas de toda responsabilidad y deja en jaque a los autores y a toda la industria cultural que ahora deberán iniciar toda una acción judicial para lograr que una PSI baje un contenido ilegal asumiendo el autor todos los gastos que implica.

El Dr. Gerardo Filippelli, es abogado especializado en derechos de autor y miembro del Consejo de la Cámara del Libro; esto es lo que hablamos con él respecto a la llamada “Ley Pinedo” o “Ley Google”

Dr. Filipelli, ¿quienes ganan y quienes pierden con la aprobación de esta ley?

Ganan las plataformas de Internet, ganan las empresas relacionadas con la circulación de contenidos en la red y pierden los que producen, los que crean, los que reproducen esos contenidos que son los autores, los creadores y todas las industrias culturales.

Este proyecto obtuvo media sanción en el Senado hace ya once meses, ahora se tratará en Diputados. ¿Qué ha hecho durante el último año la Fundación el Libro para tratar de evitar la aprobación de este proyecto?

Nosotros nos hemos reunidos en varias oportunidades con distintos legisladores. Primero con el diputado Pinedo, cuando era diputado, luego con sus asesores, porque este es un proyecto de ley que se vienen presentando en la Cámara de Diputados durante dos períodos consecutivos y esta ley es denominada la “Ley Google” porque es una ley propiciada por Google. Cuando Pinedo asume como senador, volvimos a verlo para manifestarle nuestras diferencias. Luego participamos de una reunión con la Comisión de Comunicación del Senado donde se trató este proyecto. Luego el proyecto de Pinedo se unió al proyecto de similares características de Fellner y cuando volvió a Diputados nos hemos reunido con el diputado Wechsler, integrante de la Comisión de Comunicación, también con el diputado Dagostino, con los asesores del diputado Brügge  y hemos enviado una carta a todos los integrantes de la Comisión donde se trataba el tema y hemos hecho todo lo posible para advertirles esta preocupación, que al modificar el sistema de responsabilidad y exigir una notificación judicial, hacen imposible que las PyMEs y el creador individual puedan luchar contra las reproducciones ilegales de sus contenidos. Cualquier autor que vea reproducida en Internet su creación sin autorización, esta ley lo deja sin elementos, sin herramientas, para solicitar la baja rápida e inmediata de ese contenido.

De aprobarse la Ley Pinedo, el autor de una obra deberá, entonces, contratar a un abogado, para que solicite a un juez que intervenga, para dar de baja un contenido ilegal, lo que implica una dilación en el tiempo, que posibilita que el contenido se siga viralizando hasta el infinito.

Tal cual. Además, esas particularidades que tiene Internet; primero que es muy difícil establecer cuales son todos los lugares en que la obra está reproducida y segundo que, cuando se logre que la obra baje, si es una obra que resulta de interés, es muy probable que vuelva a ser ilegalmente publicada y hay que volver a pedir, una y otra vez, la intervención judicial.

¿Cuáles son los considerandos que esgrimen para promover esta ley?

Hay un argumento que yo entiendo que tiene su razonabilidad, que es la protección de la libertad de expresión, lo que se pretende es que no se pida baja de contenidos que tengan que ver con cuestiones de libre expresión. Cuando alguien se siente afectado por una publicación, solicita que se baje ese contenido y eso no es lógico, ni razonable ni legal, pero una cosa es la libertad de expresión y otra cosa son las obras protegidas por la propiedad intelectual; lo que pedimos es que no se mezclen estas cuestiones y, en todo caso, que haya una excepción de solicitar la intervención judicial cuando se afectan los derechos de autor y que impongan este sistema sólo para cuestiones de libertad de expresión. Lo que es falso, es lo que dice el senador Pinedo, que argumenta que esta ley es para que Google no sea el censor del mundo y pueda bajar contenidos; esto es falso, justamente, porque esta es la Ley Google, si eso fuera cierto, Google no bajaría más contenidos y generaría una crisis en el sistema de derechos de autor. Google va a seguir bajando contenidos, Google va a seguir siendo el censor y ahora, no va a tener responsabilidad judicial alguna por ninguna de sus acciones.

En el 2014 hubo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Rodríguez María Belén”, ¿por qué le es insuficiente a Google y a Pinedo esta jurisprudencia, que libra de toda responsabilidad al proveedor de servicios de Internet,(PSI)  hasta que son notificados por quien se siente damnificado con una publicación?

Para nosotros esa jurisprudencia podría funcionar perfectamente, porque lo que establece, es que los proveedores de servicios de Internet no tienen responsabilidad objetiva -¿Qué quiere decir esto? – Que ‘per se’ ellos no son un elemento que pueda constituir un daño, sino que tienen una suerte de responsabilidad subjetiva, es decir que cuando se notifican de que se está produciendo un daño porque alguien se los advierte, recién adquieren responsabilidad. Entonces, hasta ahí está todo bien, con esa jurisprudencia, lo que hacemos es notificar al PSI que en sus páginas se está cometiendo una infracción, por lo cual le solicitamos que actúe diligentemente para dar de baja el contenido ilícito. Al estar advertido podría adquirir responsabilidad. Pero con esta ley no, esta ley va a exigir que sea notificado por una orden judicial y para llegar a alcanzar esa notificación judicial se requiere la participación de todo un aparato del Estado y de una estructura, que los autores, los editores ni las industrias culturales están en condiciones de sobrellevar.

En relación con otros países, ¿qué nos dice la legislación comparada?

Hay experiencias en Brasil, por ejemplo, donde se ha dictado un régimen de eximición de responsabilidad de los PSI, pero se ha exceptuado a los derechos de autor para que ellos continúen con el régimen general hasta que no tengan un régimen propio. En estados Unidos se regulan por un viejo sistema que tiene muchos años y que se denomina “Notificación y Baja de Contenidos” que es justamente, que una de las partes advierte que se están alojando contenidos ilícitos y el PSI se ve obligado a transmitir esta comunicación al usuario para que él ratifique o rectifique los contenidos que ha subido en la web. Si no hay contestación, esos contenidos deben ser dados de baja y si hay contestación se le da traslado en un proceso previo y privado que en general resulta bastante efectivo porque hasta ahora no hubo demasiados inconvenientes.

Quiero confesar que algunos dicen que hay abusos de estas situaciones, que se denuncian cosas que no corresponden denunciar, pero eso puede ocurrir en toda la vida social, que se denuncien cosas que no constituyen infracción y por algo ese sistema prevé que se le dé traslado al usuario para que pueda defender la legalidad de los contenidos que está subiendo y en todo caso sancionar la falsa denuncia y una sanción agravante para que no se produzcan este tipo de situaciones, pero tanto los autores como los editores pueden acreditar con mucha facilidad la titularidad sobre sus obras porque son obras registradas y eso debería darles una presunción a favor de ellos para que los contenidos ilegales sean dados inmediatamente dados de baja. No estamos interfiriendo en la libertad de expresión, sino defendiendo las obras protegidas hace ya casi cien años.

Si se aprueba esta ley que perturba al derecho de autor, consagrado con usted bien dice desde hace un siglo, ¿hay manera de recurrirla?

Esta ley de aprobarse estará afectando algunos tratados internacionales porque en general todas las normas tienden a que el estado refuerce la protección de las obras intelectuales, más aún en el entorno digital, que para la humanidad es una nueva experiencia y, de alguna manera, se están equilibrando los derechos, encontrando fórmulas, como plataformas que distribuyen contenidos intelectuales con acuerdos con los titulares y esta ley impide que el estado le otorgue a estos sectores creativos y culturales, herramientas que faciliten su defensa; contrariamente lo que están haciendo es dificultando la defensa de los derechos intelectuales y será una ley susceptible de ser recurrida judicialmente.

El autor, deberá pagar a un abogado y toda una serie de gastos y si logra la baja de contenidos para quien lo perjudicó no fija esta ley ninguna sanción, ni establece que se le reconozca el daño producido con alguna indemnización.

Lo que está logrando es la baja del contenido y no puede lograr ninguna reparación económica. Ese tercero es, por lo general, un tercero anónimo, que sube contenidos sabiendo que está cometiendo una infracción y no da la cara, lo hacen en páginas donde no necesariamente se verifica la identidad con precisión. Por eso está bien que baste con que uno advierta al PSI para que proceda en consecuencia. Estas páginas dicen que son neutrales que no tienen ninguna responsabilidad, pero quiero advertir que estas páginas, cuantas más subidas, más circulación de contenidos haya, más dinero ganan. Estas páginas son las empresas más importantes del mundo, han superado en facturación a todas las industrias tradicionales, no estamos hablando de personas neutrales, sino de empresas que tienen mucho poder y avanzan, de alguna manera, para tener dominio sobre la circulación de la información y quedar afuera de toda responsabilidad jurídica.

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