A la violencia institucional contra el Arte Callejero hay que pararla desde lo colectivo.

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En los últimos dos años se viene registrando un aumento en los casos de persecución y violencia institucional contra los artistas callejeros sin antecedentes en democracia. Hay que ponerle un límite desde lo colectivo.

 

La relación de los artistas callejeros con las distintas policías o autoridades municipales nunca fue fácil, pero en los últimos dos años los casos de violencia, abuso de autoridad o maltrato institucional, contra los artistas que tratan de brindar su arte y ganar su pan en la vía pública, se han multiplicado de tal manera, que pareciera ser que el arte es el peor delito a combatir.

Un malabarista que muestra su arte ante un tránsito detenido en los pocos segundos que dura un semáforo en rojo ¿Qué delito comete? ¿A quién molesta? No obstante, es tratado como un delincuente, bajo la excusa de entorpecer el tránsito automotor.

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Los músicos callejeros son acosados con total impunidad por los “agentes del orden” que invocan leyes u ordenanzas de ruidos molestos que generalmente desconocen y que, además, no tiene modo de medir los decibeles de una guitarra ni los de una bocina, se amparan en supuestas denuncias anónimas de vecinos, labran actas de contravenciones inexistentes y más de una vez proceden a incautar los instrumentos o elementos de trabajo de los artistas extralimitándose en sus atribuciones.

Pero evidentemente no son los ruidos callejeros lo que quieren combatir, porque sin música, sin hablar, sin pedir dinero, sin entorpecer el tránsito, a los y las artistas que hacen “Estatuas Vivientes” también los persiguen. Lo que les molesta es la libertad que el arte refleja. Buscan desmoralizar y estigmatizar a los artistas callejeros. Tienen ignorancia institucional así como una inexplicable alevosía en el proceder.

No alcanzan las reacciones individuales, de esta situación se sale desde lo colectivo, desde los sindicatos que representan a los artistas de variedades, músicos o actores, como así también desde las asociaciones civiles vinculadas al arte, o mutuales,  que en acción conjunta deben exigir que se deje trabajar a los y las artistas, que si hay algo que reglamentar que se haga bajo consenso, pero que se termina de una vez y para siempre con la violencia institucional y la persecución sistemática a los artistas callejeros.

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